Guillermo García González. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y SS de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales, nº 200 / febrero
En términos estadísticos, si tomamos como referencia el año de publicación de la LPRL y la fecha actual, la dinámica de la prevención de riesgos laborales en España ha sido claramente positiva.
En estas dos últimas décadas, la prevención de riesgos laborales ha tenido que enfrentarse a importantes retos preventivos que se han ido conformando por la confluencia de distintos elementos. Entre otros, cabe señalar tres: las nuevas formas de producción, marcadas especialmente por los procesos de digitalización; la crisis sanitaria vivida como consecuencia de la pandemia; y los nuevos enfoques de la prevención de riesgos laborales, ligados a las organizaciones saludables y al principio de precaución. Tras veinticinco años de vigencia de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), parece oportuno plantearse cuál es el estado de la prevención en España en el año 2022, examinando los logros y éxitos de nuestro modelo preventivo, pero también los déficits y retos de futuro. Para esta tarea, y en conmemoración del número 200 de GPRL, se ha decidido hacer una mesa redonda con cuatro agentes clave en el ámbito preventivo, con el fin de que sean ellos los que, de acuerdo con su experiencia y visión preventiva, aporten las claves del estado de la prevención en España en 2022.
La elección de los participantes se ha basado, por una parte, en su experiencia contrastada y en su excelente bagaje preventivo; y, por la otra, en el rol institucional que desempeñan. Así, y con el fin de aportar una visión certera y plural sobre la situación de la prevención de riesgos laborales en España, se invitó a participar en este número especial a los siguientes expertos:
- • Dª. Encarna Abascal Pérez. Secretaria Nacional de PRL de CSIF.
- • D. Diego Cañedo Rodríguez. Jefe de área de apoyo, seguimiento y evaluación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
- • D. Oliver Martín Gonzalo. Gerente de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA-ANEPA).
- • D. José Mª Ramada Rodilla. Junta directiva de la Associació Catalana de Salut Laboral.
A todos los participantes se les formularon las mismas preguntas, con el fin de que aportaran su específica visión (patronal, sindical, profesional o institucional), en atención al rol que desempeñan en relación con la seguridad y salud laboral.
A continuación, se reproducen las intervenciones de los cuatro expertos, agradeciendo especialmente la disponibilidad, profesionalidad, rigurosidad y generosidad, tanto de ellos como de las instituciones a las que pertenecen. Como se ha señalado, las aportaciones se realizan en torno a las cinco preguntas abiertas que a continuación se reproducen:
- 1. ¿Cómo valoráis la evolución de la prevención de riesgos laborales en España desde la entrada en vigor de la LPRL?
- 2. ¿Cuáles son los principales déficits y fortalezas de nuestro modelo preventivo?
- 3. ¿A qué retos se enfrenta la prevención de riesgos laborales en el mundo postcovid?
- 4. ¿Qué papel deben jugar los servicios de prevención y los técnicos de prevención de riesgos laborales en el trabajo del futuro
- 5. ¿Qué se le puede reclamar a la Administración Pública para una prevención de riesgos laborales más eficiente?
¿Cómo valoráis la evolución de la prevención de riesgos laborales en España desde la entrada en vigor de la LPRL?
Encarna Abascal Pérez (EAP)
Desde su entrada en vigor, la LPRL ha sufrido mínimas modificaciones que desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideramos insuficientes, puesto que, aún a fecha de hoy, siguen quedando cuestiones sin resolver y con nuevos retos que afrontar en materia de seguridad y salud laboral.
Tras casi 27 años desde su aprobación, CSIF valora de forma positiva los avances que se han conseguido, pero advierte que, si a día de hoy todavía existe riesgo para la salud y la vida de las personas en determinados puestos de trabajo como se ha puesto de manifiesto con la actual pandemia de la COVID19, aún no se ha logrado el objetivo principal de la misma: garantizar el derecho de las personas trabajadoras en el ámbito laboral a la protección de su seguridad, salud e integridad.
La evolución de la prevención de riesgos laborales es lenta y no todo lo eficaz que debería, como podemos comprobar cada año en las estadísticas de siniestralidad laboral en las que continúan aumentando los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en España.
CSIF hizo un análisis para el 25 aniversario de la LPRL sobre el grado de implantación de la LPRL en las Administraciones Públicas en el que observó unos resultados que en algunas administraciones no llegaba siquiera al cumplimiento mínimo, una situación alarmante.
La inversión en prevención de riesgos laborales suele ser escasa, los servicios de prevención están sobrecargados sin poder responder a todas las actuaciones a realizar, mientras a las personas trabajadoras se les bloquea en algunos casos su derecho a la consulta y participación que es canalizado a través de los delegados de prevención, que en muchos casos ni están nombrados o no se les facilita la información suficiente para llevar a cabo su labor. En definitiva, la prevención se ha concebido desde el principio como un coste, y es hora ya de que sea considerada como una inversión; una inversión que redundará en una sociedad más sana.
La inversión en prevención de riesgos laborales suele ser escasa y los servicios de prevención están sobrecargados sin poder responder a todas las actuaciones a realizar
Si algo ha visibilizado esta pandemia de la COVID19 es cómo la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente para este Gobierno y sus administraciones, ya que ha dejado de manifiesto las deficiencias que existen en los centros de trabajo como la falta de equipos de protección individual , escasas medidas de protección, falta de previsión y planificación, insuficiente dotación de recursos humanos; todo ello, está derivando en muchas ocasiones en numerosos accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incluso fallecimientos.
Diego Cañedo Rodríguez (DCR)
Tras más de 25 años de existencia, la LPRL y su normativa de desarrollo posterior, nos han situado como país puntero, desde el punto de vista regulatorio, en materia de seguridad y salud, por lo que todo análisis debe ser positivo. No obstante, y alejándonos de apreciaciones vagas y generales, «ha supuesto un gran avance», la valoración de la LPRL debe basarse en indicadores medibles. Uno de los indicadores más adecuados para esta misión, es la medición de las cifras de siniestralidad laboral.
En este sentido, la aprobación de la LPRL y su normativa de desarrollo, a mediados de los noventa, puso fin a una evolución ascendente y continuada en forma de pico de sierra de la siniestralidad en España, medida como índice de incidencia. Durante 12 años, la LPRL significó un importante descenso de la siniestralidad laboral que finalizó con el inició de la crisis económica y mundial de 2012. A partir de esta fecha y hasta la actualidad, la siniestralidad inició un proceso de ascenso moderado.
A la vista de los datos, las conclusiones son claras. La LPRL significó un fuerte avance en el ámbito preventivo con una mejora de las condiciones de trabajo y un descenso de la siniestralidad laboral. No obstante, los datos también nos muestran su agotamiento por una falta, entre otras, de adecuación a los nuevos modelos laborales y socioeconómicos, que se está traduciendo en un repunte de la siniestralidad laboral al que se debería estar atento.
Oliver Martín Gonzalo (OMG)
La publicación de la LPRL y de sus normas de desarrollo supusieron un punto de inflexión para la reorganización de la normativa interna en materia de prevención de riesgos laborales y la adaptación de la normativa europea e internacional a nuestro ordenamiento jurídico; por tanto, constituyeron una herramienta fundamental para evolucionar en la seguridad y salud de los trabajadores en nuestro país.
En términos estadísticos, si tomamos como referencia el año de publicación de la LPRL y la fecha actual, la dinámica ha sido claramente positiva, amén de analizar los diversos ciclos que se han producido en estos más de 20 años y sus variables, y considerar que, aun positiva, no podrá ser suficiente en tanto haya el menor margen de mejora que evite un accidente o enfermedad profesional.
José Mª Ramada Rodilla (JRR)
En la década de los noventa, España estaba a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral y la LPRL marcó un punto de inflexión para la prevención de los daños a la salud de los trabajadores como consecuencia del efecto de los factores de riesgo laboral. Definitivamente se dejaba atrás un modelo que ponía un especial énfasis en la protección económica del trabajador por los daños a la salud causados por el trabajo (modelo indemnizatorio) y se transita hacia un modelo en el que la prioridad y el acento se ponía en evitar el daño (modelo preventivo).
La concreción de los derechos y obligaciones tanto del empleador como del trabajador, la incorporación de actividad evaluadora de los riesgos del trabajo, la obligación de adoptar medidas preventivas ante cualquier riesgo que se pudiera prever y la obligación de integrar la prevención en todos los procesos y niveles jerárquicos de la empresa (cultura preventiva) han sido aspectos clave de este nuevo enfoque.
¿Cuáles son los principales déficits y fortalezas de nuestro modelo preventivo?
EAP
Entre los principales déficits de nuestro modelo preventivo estarían la excesiva burocracia, limitándose la prevención en numerosas ocasiones a gestión documental y poca cultura preventiva, los insuficientes recursos humanos en los servicios de prevención, falta de integración real de la prevención de riesgos laborales en las empresas y administraciones y, por último, que la tendencia es a realizar una prevención terciaria, es decir, actual, cuando el daño ya está hecho, y no una prevención primaria.
Como fortalezas de nuestro modelo preventivo, en primer lugar, destacar los buenos profesionales con los que contamos: técnicos en prevención, sanitarios, administrativos, etc. con conocimiento, capacidad de adaptación a diversas situaciones, compromiso y responsabilidad. La combinación de servicios de prevención propios y ajenos para cubrir todas las necesidades de las empresas y administraciones se complementan, ya que los servicios ajenos ofrecen una mayor especialización en determinadas actividades, además de una facilidad de gestión y comunicación con la dirección ante la realización de informes sensibles o aplicación de medidas comprometidas en comparación con un técnico interno de la empresa. Esta pandemia ha demostrado la calidad de nuestros servicios de prevención (p. ej. cómo se han esforzado en ir aplicando las medidas que se iban determinando en los protocolos de las autoridades sanitarias), pero aún falta que las propias direcciones y gerencias pongan en valor su labor para conseguir generar una verdadera cultura preventiva.
El sistema preventivo español debe evolucionar para que la prevención sea un concepto asumido y practicado por todas las personas y organizaciones sin necesidad de tutelas externas.
DCR
El modelo preventivo español presenta innumerables e importantes fortalezas. No obstante, destacaría dos fortalezas por encima de todas: el consenso social y el marco legal alcanzados que ha permitido mejorar en general y de forma importante las condiciones de trabajo y la seguridad y salud de los trabajadores.
No obstante, y a pesar de los ingentes esfuerzos realizados por todos los actores implicados en la prevención de riesgos laborales, se observan deficiencias en nuestro sistema preventivo, que impiden dar un salto definitivo en cuanto a la mejora de la siniestralidad laboral, que actualmente presenta una fuerte dependencia con los ciclos económicos. El sistema preventivo español debe evolucionar para que la prevención sea un concepto asumido y practicado por todas las personas y organizaciones sin necesidad de tutelas externas. Es necesario que, de una vez por todas, la cultura preventiva se impregne en todos los niveles de la sociedad y se convierta en un elemento decisivo para provocar el cambio de conductas de las personas en la prevención.
OMG
Nuestro sistema presenta importantes fortalezas que se han manifestado durante esta crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2: hemos sido testigos de cómo los departamentos sanitarios y técnicos de los servicios de prevención han adaptado su actividad en un tiempo record a las necesidades marcadas por dicha pandemia. Hemos visto cómo, mayoritariamente, los trabajadores y empresas han tomado consciencia del riesgo y han adoptado las medidas precisas para evitar contagios en el entorno laboral. Por último, hemos podido comprobar que múltiples Administraciones relacionadas con la seguridad y salud han actuado con prestancia para ordenar y gestionar una situación sin precedentes.
En definitiva, y en términos generales, creo que nuestro modelo preventivo tiene una base sólida en la que sustentarse y una estructura flexible y adaptativa que permite dar respuesta y soluciones ante nuevos escenarios, actividades o situaciones coyunturales como la actual crisis sanitaria. Es decir, tenemos un modelo preventivo que puede avanzar sobre los pilares creados, sobre nuestra LPRL y demás normas de desarrollo, evitando la implantación de medidas drásticas e/o improvisadas, pero que, como cualquier sistema, precisa de una continua revisión y de la implementación de cuantas mejoras y avances sean necesarios.
JRR
Resumidamente, nuestro modelo preventivo tiene tres importantes fortalezas: 1) haber instaurado el deber general de protección como principio básico, 2) haber asentado el principio de organización de la prevención y el principio de integración de la actividad preventiva en todos los niveles de la empresa y 3) haber otorgado especial protagonismo a los representantes de los trabajadores.
El principal déficit de nuestro modelo preventivo se encuentra en las enormes dificultades que tiene el modelo para su aplicación real en las Pymes y Micropymes, que representan alrededor del 95% del tejido empresarial. En estas empresas, la práctica diaria de los y las profesionales nos está diciendo que la actividad preventiva se sigue centrando en el cumplimiento documental más que en la implantación de sistemas efectivos en materia de prevención de riesgos laborales, entre otros motivos por la limitación de los medios con que cuentan.
¿A qué retos se enfrenta la prevención de riesgos laborales en el mundo postcovid?
EAP
La pandemia de la COVID19 ha supuesto un reto para la seguridad y salud en el trabajo, por ello CSIF ha hecho un informe sobre el balance que ha supuesto esta situación en el mundo laboral. Nos encontramos ante un nuevo escenario en el que la sociedad ha cambiado, y con ello, las formas de relacionarse, de trabajar, etc., lo que ha supuesto también un cambio en las medidas preventivas. Empresas y Administraciones Públicas han tenido que adaptarse a marchas forzadas a este nuevo contexto, y al mismo tiempo en sus servicios de prevención, para así poder velar por la salud laboral de las personas trabajadoras.
Si algo ha definido la gestión en esta pandemia ha sido la desorganización por cambio de criterios, descoordinación, la opacidad de la información, la falta de protección a las personas trabajadoras, la actuación con retraso ante la situación y el déficit en recursos humanos y materiales. La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de los sistemas gestión de prevención de riesgos laborales de las diferentes administraciones y empresas.
Para CSIF, lo más alarmante ha sido la desprotección a los profesionales que han estado al frente de la pandemia y que en los momentos más duros del confinamiento siguieron trabajando como servicios esenciales, sufriendo una mayor exposición al contagio y por ello accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, que a día de hoy siguen sin reconocerse. Al igual que tampoco se han indemnizado a muchos de estos profesionales que han sufrido daños y perjuicios personales y morales por la falta de protección y un grave riesgo para su seguridad y salud.
Para CSIF, lo más alarmante ha sido la desprotección a los profesionales que han estado al frente de la pandemia y que en los momentos más duros del confinamiento siguieron trabajando como servicios esenciales, sufriendo una mayor exposición al contagio y por ello accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, que a día de hoy siguen sin reconocerse
Nos encontramos ante un grave problema de infradeclaración de enfermedades profesionales y accidentes laborales, puesto que tras distintas consideraciones del contagio por COVID19, más de 150.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios no tienen reconocida la contingencia profesional y les obligará a reclamarlo judicialmente.
En plena crisis nos enfrentamos a retos laborales y a graves deficiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo como son:
- — Déficit de recursos humanos en los servicios de prevención, tanto de personal sanitario como técnico.
- — Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sin tramitar.
- — Desprotección frente a la COVID19 de trabajadoras embarazadas.
- — Insuficientes equipos y medios de protección.
- — Contagio por COVID19 como accidente in itínere sin reconocer.
- — Ausencia de evaluaciones de riesgos y medidas.
- — Sobrecarga de trabajo como consecuencia de la temporalidad, jornadas a tiempo parcial y despidos que no se cubren.
- — Grave impacto psicológico como consecuencia de la COVID19 y la situación laboral (estrés postraumático, ansiedad, insomnio, miedos, depresión, irritabilidad, síndrome del profesional quemado y fatiga pandémica).
- — Escasa vigilancia de la salud y secuelas de la COVID19, ahora definido como COVID Persistente.
- — La implantación del teletrabajo sin salvaguardar el derecho a la desconexión digital y a la prevención de riesgos en el domicilio.
CSIF propone desarrollar la resiliencia en las empresas, es decir, un nuevo modelo de relaciones laborales en las organizaciones, administraciones y en general en las personas trabajadoras. Nos referimos a la capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a situaciones difíciles como esta pandemia.
CSIF, ante los importantes desafíos, reclama organizaciones resilientes que inviertan en:
- — Análisis de las debilidades, errores y retos ante la crisis.
- — Refuerzo de los recursos humanos en servicios de prevención y en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- — Realizar una prevención primaria, que es la que realmente se anticipa a que se suceda el daño.
- — Líderes empáticos, neutrales y ecuánimes.
- — Valoración y motivación del personal.
- — Flexibilidad laboral.
- — Mediación en los conflictos, incorporando la figura del mediador en las empresas y administraciones.
- — Apoyo psicológico ante el impacto psicosocial. Es necesario incorporar la figura del psicólogo en los servicios de prevención.
- — Formación a los profesionales
- — Vigilancia de salud de calidad y seguimiento de las secuelas postcovid.
DCR
El año 2020, derivado de la irrupción de la COVID19, nos ha cambiado y complicado el paso, entre otras cuestiones, en la forma de trabajar, lo cual plantea nuevos retos que deberán ser afrontados por la prevención de riesgos laborales. Caracterizar la condición postcovid19 y su repercusión en la actividad laboral, conocer las secuelas físicas y mentales derivadas de la COVID19 al objeto de favorecer el retorno al trabajo, potenciar la interacción entre la prevención de riesgos laborales y la situación sanitaria cambiante derivado de la mutaciones de la COVID19 y actuar sobre los riesgos derivados de la carga mental, así como prevenir los riesgos derivados de las nuevas modalidades de trabajo a distancia (tecnoestrés, desconexión, riesgos ergonómicos derivados, etc.) incrementados por las medidas de confinamiento, entre otros retos, plantean novedosos escenarios de difícil, no imposible, resolución.
De la misma manera, y aunque no están tan directamente relacionados con la COVID19, se debe continuar afrontando los retos preventivos derivados de la transformación digital, ecológica, climática y demográfica. Actuar sobre los riesgos de los empleos verdes, gestionar los riesgos derivados del envejecimiento de la población, el impacto del cambio climático en la salud de la población trabajadora, conocer la realidad de las enfermedades profesionales y los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, también forman parte de los retos del mundo postcovid19.
A pesar de los nuevos retos expuestos, el mundo preventivo no debe olvidarse de los antiguos retos que todavía siguen pendientes. Además de la ausencia de una cultura preventiva global, debemos continuar luchando contra los riesgos tradicionales (entre otros, riesgos por caídas en altura, riesgos eléctricos y riesgos ergonómicos) que, año tras año, siguen derivando en dramas personales y familiares importantes.
OMG
Esta crisis sanitaria ha sido un revulsivo para evolucionar hacia modelos de mejora continua en materia preventiva adaptados a las nuevas formas de organización del trabajo y a los escenarios dinámicos, complejos e inciertos.
Entre otras, y relacionadas con el efecto covid, se presenta como necesario dar un paso más en los siguientes aspectos:
- — Estudio de la proyección bidireccional resultante de la actividad laboral y personal de los trabajadores, en el análisis de la conexión entre el ambiente laboral y social de los mismos.
- — Abordaje de los riesgos psicosociales y la implementación de medidas efectivas.
- — Estudio y evaluación de los riesgos derivados de las nuevas tecnologías tales como la hiperconexión, el tecnoestrés, etc.
- — Revisión de modelos de valor añadido de la actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, dando mayor relevancia a la vigilancia colectiva.
- — Potenciar la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, tales como la telemedicina, aprovechando los entornos cada vez más conectados virtualmente.
JRR
Nos encontramos en un entorno de los denominados VUCA (volátil, incierto —del inglés uncertain—, complejo y ambiguo), en el que la reapertura de los centros de trabajo y las exigencias de la llamada «nueva normalidad», se convierten en un reto para las empresas a la hora de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
La forma en la que concebimos tanto los entornos laborales como las relaciones personales y profesionales está cambiando. Por ello, para poder gestionar eficazmente las crisis, será necesario posicionar estratégicamente la seguridad y la salud en el trabajo en las organizaciones.
Será clave el liderazgo firme de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo para que se ponga el foco en las personas y en la gestión de sus emociones con el objetivo de hacer frente a los daños colaterales futuros de esta crisis sanitaria. Este liderazgo debe facilitar la adopción de nuevas formas de relación entre profesionales y empresa (p. ej. teletrabajo) y promover la mejora de unos sistemas de información en prevención de riesgos laborales que faciliten información veraz y solvente que sirva para la monitorización de la situación, la toma de decisiones y la investigación científica.
La forma en la que concebimos tanto los entornos laborales como las relaciones personales y profesionales está cambiando.
¿Qué papel deben jugar los servicios de prevención y los técnicos de prevención de riesgos laborales en el trabajo del futuro?
EAP
La pandemia ha supuesto una gran oportunidad de impulso para el mundo de la prevención, una «ola» que se debe aprovechar para mejorar todas las carencias y la falta de previsión que se han evidenciado. Ha supuesto un cambio de paradigma con la crisis actual.
Todo ello nos empuja a una transformación hacia la evolución de la prevención de riesgos laborales ligada al futuro del trabajo que irá de la mano de la digitalización, las nuevas tecnologías y las nuevas modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia.
Los servicios de prevención y los técnicos de prevención deben jugar un papel mucho más prioritario y renovado como asesor tanto del empresario como de las personas trabajadoras para promover y apoyar la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa y administraciones. Hasta ahora tienen un papel fundamental en la gestión y ejecución de las actividades preventivas especializadas.
Sin olvidar uno de sus principales objetivos, como es evitar accidentes de trabajo y evitar bajas laborales, y, por tanto, reducir costes directos de personal y daños a la salud laboral.
DCR
Los servicios de prevención, y también los organismos públicos especializados, así como los profesionales que los conforman, tienen que desempeñar un papel todavía más relevante en el modelo de gestión y toma de decisiones de las empresas, así como en las políticas de seguridad y salud que se apliquen. El conocimiento y experiencia que atesoran derivado del asesoramiento especializado que practican debe ocupar un lugar nuclear en los órganos decisorios de las políticas públicas de seguridad y salud que se apliquen. Desde la entrada en vigor de la LPRL, y especialmente desde la irrupción de la COVID19, han demostrado una importante capacidad de compromiso, trabajo y adaptación al cambiante entorno laboral de nuestro país que no debe menospreciarse.
Llegados a este punto, conviene recordar que España cuenta con profesionales preventivos muy preparados, por lo que debemos ser optimistas y confiar en ellos.
OMG
Los servicios de prevención son entidades muy profesionalizadas, experimentadas y resilientes, como vienen demostrando desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, cuando asumieron, ágilmente y con recursos propios, competencias que no son propias de su actividad, con el fin de ayudar a controlar y mitigar la COVID19 en el entorno laboral. Esta capacidad de adaptación y compromiso, el alto nivel de sus profesionales, la solidez de sus estructuras, unida a la irrevocabilidad de que los equipos preventivos han de ser multidisciplinares para ser efectivos, son ingredientes más que suficientes para considerar a estas entidades como las principales colaboradoras de la Administración en la gestión de la seguridad y salud, ahora y en el futuro; y, por su conocimiento y experiencia, las más capacitadas para realizar una verdadera integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas.
JRR
Liderazgo y acción son las dos áreas de trabajo en las que deben moverse los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo. La salud pública, siendo fundamental en una situación de pandemia como la actual, no debe confundirse con la prevención de riesgos laborales.
Tal como se detalla en el «Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2» publicado por el Ministerio de Sanidad, los servicios de prevención deben contribuir en la lucha contra la exposición laboral al SARS‐COV‐2, adaptando la actividad del propio servicio de prevención, facilitando recomendaciones y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general de evitar los contagios con medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, evaluando a los trabajadores especialmente vulnerables y su nivel de riesgo, realizando el estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa y colaborando en la gestión de la incapacidad temporal.
¿Qué se le puede reclamar a la Administración Pública para una prevención de riesgos laborales más eficiente?
EAP
CSIF ha elaborado una serie de propuestas de mejora que ha trasladado al Gobierno y Administraciones Públicas para seguir avanzando en el camino de la integración de la prevención de riesgos laborales en todos los ámbitos, la adaptación de la LPRL a la realidad actual y toda su normativa de desarrollo, estas son:
CSIF concluye que ante la situación actual se hace necesario dar un paso adelante y apostar por seguir reforzando las políticas en materia de prevención de riesgos laborales, procediendo a una revisión, para su adaptación, de la LPRL, así como de las normas reglamentarias que la complementan; y todo ello, partiendo de una actitud de continua mejora, compromiso y de trabajo en colaboración entre todos los que desarrollamos un papel en el área de la prevención de riesgos (empresas, administraciones, sindicatos, servicios de prevención, mutuas, trabajadores y trabajadoras, etc.).
DCR
Las Administraciones implicadas con competencias en materia preventiva deben seguir incrementando y mejorando la colaboración y coordinación entre sí mismas y seguir promoviendo el consenso de las políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales con todos los agentes sociales, así como la participación de otros actores, de modo tal que todos ellos vean reforzado su papel en aras de incrementar la eficacia del sistema preventivo.
Por otro lado, optar por políticas públicas en materia de seguridad y salud prácticas y cercanas a la realidad de las empresas debería ser, entre otros, pilar estratégico irrenunciable. Promover actuaciones que faciliten la implantación de sistemas de prevención realmente eficaces permitirían a las empresas integrar la prevención de riesgos, garantizando un nivel de protección adecuado de la seguridad y salud de los trabajadores, a la vez que contribuirán a superar el cumplimento meramente formal o documental de las obligaciones en esta materia. Asimismo, la realización de actuaciones preventivas prácticas y adaptadas a la realidad laboral, que podrían ser percibidas como útiles por las empresas y trabajadores, dotaría a la prevención de riesgos laborales de un mayor reconocimiento social.
Una prevención práctica y con el grado de actualización óptimo, como la propuesta, implica la movilización de importantes recursos técnicos, organizativos y económicos que suelen ser más difíciles de dotar por parte de PYMES y microempresas. De ahí la importancia de que las Administraciones Publicas pongan en marcha programas, alejados de la burocracia, que comporten la concesión de incentivos destinados especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Tales incentivos deben contribuir a fomentar la aplicación de medidas que incrementen la compatibilidad entre las necesidades productivas y preventivas.
Aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya medidas para los colectivos profesionales con mayor incidencia (policías, sanitarios, bomberos, etc.) y desarrollar planes específicos para cada uno.
También resulta fundamental que las Administraciones Públicas competentes reflexionen sobre la necesidad de revisión de la actual LPRL. Además de la aclaración de ciertos conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la norma, se hace necesario revisar las funciones y competencias de los técnicos de prevención de riesgos laborales, el estudio de su ámbito de aplicación, la necesaria resolución del fomento de los recursos externos frente a los propios en Pymes, derivado de una cuestionable transposición de la Directiva Marco de Seguridad y Salud, y su adaptación a las nuevas realidades del mercado de trabajo, como la industria 4.0 con la automatización de las tareas, la economía de las plataformas o el teletrabajo, que desplaza los riesgos del centro de trabajo tradicional al propio domicilio.
Además, las Administraciones Publicas deberían impulsar acciones de difusión y marketing de alto impacto, complementadas con actuaciones para promocionar los refuerzos positivos en las empresas, más allá del poder coercitivo, para que la prevención de riesgos laborales alcance un nivel de protagonismo en la sociedad acorde a la función social y de protección de la seguridad, salud y bienestar que desempeña, tal y como ya sucede con la seguridad vial o el medioambiente.
Finalmente, y no por ello menos importante, las Administraciones Publicas deberían incrementar los conocimientos y recursos humanos y técnicos, tanto de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los órganos técnicos especializados de las comunidades autónomas, que desempeñan funciones de asesoramiento y control fundamentalmente. A modo de ejemplo, la ratio de inspectores por población trabajadora en España es de 1 a 15.000, cuando en la media en la Unión Europea es de 1 a 10.000 y, en algunos países como Francia disminuye a 1 por cada 5.000 trabajadores.
OMG
Actualmente se está negociando la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2022-2027, que ha de convertirse en la principal herramienta de diagnóstico y orientación de las estrategias preventivas para los próximos cinco años, en la cual las Administraciones relacionadas tienen un papel fundamental para canalizar, materializar y gestionar las líneas de actuación que de ella se desprendan, con coherencia y eficacia.
En tal sentido, la Administración ha de ser consciente que dicha Estrategia tiene que ser fruto del trabajo conjunto y consensuado con los interlocutores sociales, y que las líneas y directrices marcadas, así como las reformas que se consideren oportunas, han de estar sustentadas en el análisis y la reflexión, en estudios y datos rigurosos, en la evidencia científica, en estadísticas contrastables, etc., evitando así actuaciones basadas en opiniones infundadas, intereses o improvisaciones.
Entre otros asuntos, entiendo prioritario establecer soluciones urgentes ante la situación provocada por el déficit de profesionales especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo; abordar las enfermedades profesionales con especial atención al cáncer profesional; y los riesgos derivados de las nuevas organizaciones del trabajo, con especial atención a los riesgos psicosociales y ergonómicos y a los derivados del uso de las TIC.
JRR
Sigue siendo necesario simplificar la gestión documental para evitar la burocratización de la prevención. Es necesario diseñar un sistema de acreditación de la formación que no esté basado en la mera realización de cursos, sino que está ligado a las competencias y experiencia del trabajador, impulsando la integración de la formación en el sistema educativo con actualización de los contenidos.
También es necesaria una regulación de las obligaciones del empleador en relación con determinados riesgos, como pueden ser la seguridad vial y los riesgos psicosociales. Es imprescindible modificar la normativa para evitar la burocratización de la coordinación de actividades empresariales, incidiendo especialmente en los aspectos preventivos prácticos de la coordinación y no en los documentales.