Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 119/2018, 8 Feb. Rec. 1121/2015
Aunque por razones temporales en la instancia no se puede tener en cuenta la sentencia del TJUE “Caso Barbulescu”, si aprovecha ahora el Supremo sus argumentos para confirmar la validez y legitimidad, como medio probatorio, del examen del ordenador de un trabajador. De un lado, porque en la empresa existe una concreta normativa que limita el uso de los ordenadores a los estrictos fines laborales y prohíbe su utilización para cuestiones personales; y de otro, porque al acceder los trabajadores a los sistemas informáticos de la compañía, y de forma previa a tal acceso, deben de aceptar las directrices establecidas en la Política de Seguridad de la Información del Grupo Inditex. En estas normas se indica expresamente que el acceso lo es para fines estrictamente profesionales, reservándose la empresa el derecho de adoptar las medidas de vigilancia y control necesarias para comprobar la correcta utilización de las herramientas que pone a disposición de sus empleados. Es decir, el trabajador conocía que no podía utilizar el ordenador para fines particulares y que la empresa podía controlar el cumplimiento de esta directriz.
Se da la circunstancia de que se procedió al examen del ordenador tras el «hallazgo casual» de fotocopias de ciertas transferencias bancarias irregulares, efectuadas por un proveedor de la empresa en favor del trabajador; también expresamente prohibido en el Código de Conducta de la empresa y que fue el imputado en la carta de despido.
El examen del correo electrónico no fue genérico e indiscriminado, sino tratando de encontrar elementos que permitieran seleccionar que correos examinar, utilizando palabras clave y el contenido extraído se limitó a los correos relativos a las transferencias bancarias controvertidas, y siempre desde el servidor de la empresa, no directamente desde el ordenador del trabajador.
Llegados este punto aborda el Supremo la ponderación entre el derecho del trabajador al que se le respete su vida privada y correspondencia, y el derecho de la empresa a comprobar que la actividad profesional de sus empleados es ejercida con corrección y se adecua a sus directrices. Y la conclusión a la que llega es que el acceso al correo electrónico cumple con el debido equilibrio al ser muy limitado el grado de intromisión del empresario y existir una legítima razón justificativa de la monitorización. Por tanto, se atribuye plena validez a la prueba derivada del examen del correo electrónico del ordenador del trabajador, confirmando la procedencia del despido disciplinario.